Rubalcaba: El cerebro de la deseducación  en la España de los últimos 25 años

Se le recuerda, sobre todo, por haber sido el émulo del tenebroso Fouché del aparato policial, y su función de escabel –en la sombra– para que Zapatero pudiera llegar al poder tras el 11-M. Se le recuerda por haberse convertido en el alter ego del zapaterismo, inmolándose por el Partido en el periodo más bochornoso del socialismo español. Y por no haber ofrecido ninguna explicación sobre el caso Faisán, por el chivatazo a ETA. Se le recuerda, en fin, por los escándalos de corrupción y guerra sucia: era el portavos de González, que tenía que dar la cara cuando los casos GAL, Roldán, los fondos reservados o Filesa.
Pero este histórico de la vieja guardia, que lleva en el PSOE desde el año de Suresnes (1974), ha tenido un papel de mucho más calado, aunque menos ruidoso y evidente, como factor de la crisis que atraviesa España.
Doctor en Química, hombre procedente de la Universidad, Alfredo Pérez Rubalcaba (Solares, Cantabria, 1951) ha sido el responsable último de la mayor transformación que ha sufrido el país en las últimas décadas: la de las cabezas de los jóvenes escolares.
Cuando la izquierda conquistó el poder, en 1982, por primera vez desde la II República, tenía claro que sólo podía aspirar a conservarlo, controlando el poder judicial por un lado, y haciéndose con el timón de la educación por otro. De lo primero se encargaron con la Ley Orgánica del Poder Judicial. De lo segundo, poniendo en marcha una serie de leyes escolares que equivalía a sustituir los conocimientos por consignas ideológicas. Esas leyes se han convertido en manos de los socialistas en una máquina de practicar ingeniería social, con la que han podido disponer a su antojo de las cabecitas de los españoles.
La labor que inició el ministerio de José María Maravall, en los años 80, fue culminada por Rubalcaba en los 90. Primero con la LODE, después la LOGSE, la educación pasó a estar politizada, con el caballo de Troya de los consejos escolares. El colofón, ya en el nuevo siglo, y con el zapaterismo sería la LOE, que incluía Educación para la Ciudadanía, una asignatura que tal y como el PSOE la planteaba suponía romper con la neutralidad ideológica del Estado entrando como un elefante en una cacharrería en una esfera que no le correspondía: el derecho de los padres.
Los informes PISA han demostrado que esas leyes no sólo han operado como gigantescos sistemas de manipulación, sino que se han saldado en fracaso escolar, en que más del 30% de los alumnos no consigan terminar los estudios obligatorios; y en que los jóvenes españoles sean los peores preparados de todos los países de la OCDE. Lo que combinado con una cifras de desempleo del 50% condena a la juventud a un callejón sin salida.
Todo ello es atribuible, en buena medida, a Rubalcaba, que –no se olvide– ocupó su primer cargo público como director general de Enseñanza Universitaria en 1985. Después, ocupó la Secretaría General de Educación y en 1992 se convirtió en ministro del ramo.
El fue quien promovió la Ley de Reforma Universitaria (LRU), la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo (LOSE) y la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) En 1996 sumó al Ministerio de Educación el cargo de ministro de la Presidencia y el de portavoz del Gobierno. Es decir, escaló al número dos del Gobierno, con Felipe González, pero no soltó la cartera de Educación.
Los socialistas contaron con un equipo de ideológicos y especialistas en educación para culminar su proyecto de ingeniería social. Desde el sociólogo Mariano Fernández Enguita hasta Álvaro Marchesi (que fue secretario de Estado de Educación), pasando por Alejandro Tiana (secretario general de Educación con Zapatero). Pero no hay que olvidar que el gran muñidor fue Rubalcaba.
El actual líder del PSOE ha sido el cancerbero del Partido, primero mediante la Policía educativa (la Logse); y luego administrando el ventilador de la mierda (la Policía Judicial). Y sin dejar huellas, que para eso es químico, como recordaba en una columna un histórico del PSOE, Pablo Castellano.n

Pena de muerte

Lo que pasa en Irán cuando nadie mira: niñas lapidadas, ejecuciones extrajudiciales...

Sólo durante las elecciones Irán se abstiene de ejecutar públicamente a sus ciudadanos. "Pero lo peor ocurre cuando nadie mira", aseguran los expertos

Los miércoles y los domingos son los días negros de Irán. Porque, salvo en período pre y post electoral, son las jornadas escogidas por la República Islámica para ejecutar en secreto a un número indeterminado de personas. Jamás fueron juzgadas, y sus cuerpos no se entregarán a unas familias que siquiera tienen noticia de su muerte. Son los muertos extrajudiciales de Irán, que se unen a las ejecuciones oficiales -públicas, en muchos casos- que sitúan el país persa como el segundo del mundo donde más personas pierden la vida en la horca, lapidadas o incluso en la cámara de gas.
Así se puso de manifesto en el V Congreso contra la Pena de muerte celebrado en Madrid, donde las de organizaciones de derechos humanos arrojaron luz sobre los preocupantes datos que ilustran el incremento de ejecuciones en los tres últimos años. La legislación está articulada de tal manera que la pena capital pueda ser aplicada a todo tipo de delitos: bajo los vagos cargos de "Moharebeh" (enemistad con Dios) o "corrupción sobre la tierra", dos personas al día son ejecutadas. Por homosexualidad, adulterio, fornicación o tráfico de drogas. "Es el país en el que la pena de muerte se aplica como un salvoconducto para asuntos políticos y religiosos de manera más evidente", aseguró el jurista iraní Hossein Raeesi. "Ya no se considera la apostasía y la blasfemia como ofensas capitales, pero el resultado es el mismo. Esos dos supuestos sirven para un roto y un descosido, se ejecuta por motivos religiosos".

Fuente: Informe Anual Iran Human Rights
Los Tribunales Revolucionarios aducen que el 76% de las personas que han sido ejecutados lo fueron por delitos relacionados con la posesión de drogas, cargo que las organizaciones internacionales consideran una obscena tapadera para acabar con la vida de los opositores políticos. "¿Cómo se explica si no que esté castigada con la pena de muerte la posesión de drogas pero no el tráfico?", aduce Mahmur Amiry, el fundador de Iran Human Rights (IHM).
Las cifras oficiales son escalofriantes, y las extraoficiales aún más. Sólo el año pasado, Irán ejecutó a 300 personas, cifra que las diversas organismos de derechos humanos y asociaciones jurídicas elevan hasta las 497. "Estos datos no incluyen las 500 ejecuciones secretas que se producen en lugares cómo en la cárcel de Vakil Abad" explica el Relator Especial para los Derechos Humanos en Irán, Ahmed Shaheed. "Allí todos los miércoles y todos los domingos se perpetran ejecuciones en el más absoluto secreto", explica el periodista Ahmad Araft, citando los datos de la Fundación Boroumand
El grueso de las víctimas de estas ejecuciones suelen ser minorías como los afganos, kurdos, azeríes. Detenidos por llevar té y tabaco a través de la frontera, son acusados de delitos contra la seguridad nacional y ejecutados sumarísimamente. "La situación ha mejorado un poco, porque antes apenas unas pocas horas separaban la detención de la ejecución, sin un juicio. Ahora, al menos pasan 24 horas", explica Roya Boroumand.

Niñas de 9 años en la horca

En la lista de deshonrosos hitos del sistema judicial iraní, el capítulo dedicado a las ejecuciones a menores de edad es el más el estremecedor. Hasta 2012, Irán era el país que más menores había llevado al patíbulo, y 2013 va camino de continuar la misma tendencia, a pesar del cambio llevado cabo en el Código Penal que teóricamente prohibía estas prácticas. El pasado año se estableció la mayoría de edad a los 9 años para las niñas y a los 15 para los varones. El régimen considera que las 100 personas menores de 18 años que hoy esperan en el corredor de la muerte, son criminales mayores de edad.
"Las niñas de 9 años son lapidadas por haber sufrido una violación", explica Roya Boroumand, cuya fundación realiza un seguimiento de las ejecuciones llevadas a cabo en el país. "Pero las cifras no son tan eficaces como los detalles de los casos", apunta. Casos como el de Leyla Mafi, una iraní vendida como prostituta por sus padres con 9 años ayudan a ilustrar el fenómeno. Tras sufrir varios embarazos, la joven fue violada por sus hermanos y condenada a muerte por "relaciones incestuosas". La presión internacional en torno al caso logró que la joven conmutara la pena por 99 latigazos y consiguiera una familia de acogida tras su liberación.
"Pero en Irán hay muchas Leylas", apunta Mahmood Amiry-Mogaddham, representante de Iran Human Rights (IRH), incidiendo en uno de los asuntos en el que coinciden todas las organizaciones: la presión internacional contra Irán, funciona. "Cuando el mundo observa a Irán no hay ejecuciones públicas", explicó, aludiendo a la ausencia de ejecuciones en las dos semanas previas y posteriores a los períodos electorales como el actual. "La atención que recibe Irán debería ser igual a lo largo de todo el año", insistió. Durante la pasada cita con las urnas, en 2009, Irán ejecutó "sólo" a 18 personas, y la XVI Conferencia del Movimiento de países árabes celebrada en Teherán logró que agosto fuera un mes sin ejecuciones...oficiales. Una semana después, la situación volvía a su cotidiana crueldad.

Métodos crueles y extrajudiciales

"La gente acude a las ejecuciones públicas como si fuera un circo", señaló el activista iraní Emadeddin Baghi en un mensaje leído durante la celebración del Congreso. "Este es uno de los factores que hace que el Gobierno de Irán se pueda permitir mantener la pena de muerte", relató, haciendo un llamamiento público a la "concienciación" social que necesita el país.
Shirin Ebadi, Premio Nobel de la Paz señala además que el hecho de que el Estado ofrezca la posibilidad a las familias de decidir el destino de los condenados, es otro de los factores que incurre en la aceptación de la pena de muerte en el país. "Se pone en sus manos la vida de la persona que ha cometido un crimen contra alguien de su familia", explica, "si le perdonan, sólo recibirá latigazos, y si no, se le ejecutará públicamente", reseña.
"Además, los métodos de ejecución son inaceptables para la legislación internacional", explica Ahmed Shaed que califica la cámara de gas empleada en el país como "algo inhumano y degradante". "Las lapidaciones son especialmente crueles", continúa, "porque se utilizan piedras pequeñas para prolongar el sufrimiento hasta la muerte, especialmente en casos de adulterio". La República Islámica aduce que se trata de una forma de posibilitar que el ejecutado pueda liberarse de las piedras, "y se desentierra, queda libre. Dicen que así, como tiene capacidad de escapar, la tortura ya no es tan cruel", explica el relator de la ONU.
Con unos Tribunales al servicio del poder religioso, hablar de abolición de la pena de muerte en Irán es una perspectiva que ninguno de los expertos contempla. "Es demasiado ambicioso", resume Baghi. El objetivo a corto plazo continúa siendo que la República islámica acepte la moratoria aprobada por la ONU, y al menos cese la aplicación de las ejecuciones. Pero los datos sitúan la realidad en otro plano mucho menos esperanzador: las ejecuciones siguen aumentando, y en cuanto acabe la resaca electoral actual, la horca volverá a funcionar en Irán. "Podrán matar a las personas, pero no a sus ideas", se consuela Roya Boroumand.