A finales de 2004, el Ministerio de Administraciones Públicas, cuyo responsable era entonces el socialista Jordi Sevilla, puso en marcha el mayor plan de pensiones colectivo de España. Más de 510.000 funcionarios (uno de cada cinco) se acogieron al fondo que gestionó desde el primer momento BBVA y que comenzó con 62 millones en aportaciones. Desde entonces, la cifra de partícipes se ha incrementado en 65.000 empleados en sólo cuatro años, las aportaciones voluntarias tampoco han parado de crecer y el patrimonio superaba los 341 millones de euros en septiembre de 2008.
Si en un principio la rentabilidad evolucionaba a buen ritmo, la crisis ha pasado factura: los resultados ya se sitúan en negativo y son peores que la media de planes de pensiones colectivos.
Para garantizar la buena marcha del fondo, desde el principio se apostó por diversificar la inversión dando prioridad a la renta fija –sobre la que se viene destinando un margen aproximado del 70%–, siendo la renta variable el segundo pilar. Pero lo que empezó bien ha dado un giro. La volatilidad de los mercados ha provocado un desplome del 17,1% de la renta variable en el tercer trimestre, la mayor caída registrada desde el año 2002.
No sólo el batacazo bursátil ha contribuido a poner fin a este periodo de bonanza. La diversificación de la inversión efectuada a principios de este año no ha sido la más acertada, puesto que dirigió parte del patrimonio hacia fondos de capital de riesgo inmobiliario en plena desaceleración del sector y con una pérdida del valor real de estos activos.
Entre unas cosas y otras, el fondo de pensiones de los trabajadores públicos ha registrado un desplome del -6,64% en los últimos 12 meses, una evolución que devora los porcentajes acumulados en ejercicios anteriores (6,14%, 4,6% y 2,86%). Ello se traduce en que las aportaciones desde 2005 sólo han generado una rentabilidad del 0,65% frente a la subida del IPC del 10% en este periodo.
Dependiendo de la escala profesional, la cuantía media tiene un tope de 10.000 euros, a excepción de los trabajadores mayores de 50 años con una participación máxima de 12.500 euros.
Si a fecha de hoy un funcionario de 65 años procediese a liquidar por jubilación su cartera tras tres años de participación, descubriría que su depósito ni siquiera le ha reportado 600 euros.
Si en un principio la rentabilidad evolucionaba a buen ritmo, la crisis ha pasado factura: los resultados ya se sitúan en negativo y son peores que la media de planes de pensiones colectivos.
Para garantizar la buena marcha del fondo, desde el principio se apostó por diversificar la inversión dando prioridad a la renta fija –sobre la que se viene destinando un margen aproximado del 70%–, siendo la renta variable el segundo pilar. Pero lo que empezó bien ha dado un giro. La volatilidad de los mercados ha provocado un desplome del 17,1% de la renta variable en el tercer trimestre, la mayor caída registrada desde el año 2002.
No sólo el batacazo bursátil ha contribuido a poner fin a este periodo de bonanza. La diversificación de la inversión efectuada a principios de este año no ha sido la más acertada, puesto que dirigió parte del patrimonio hacia fondos de capital de riesgo inmobiliario en plena desaceleración del sector y con una pérdida del valor real de estos activos.
Entre unas cosas y otras, el fondo de pensiones de los trabajadores públicos ha registrado un desplome del -6,64% en los últimos 12 meses, una evolución que devora los porcentajes acumulados en ejercicios anteriores (6,14%, 4,6% y 2,86%). Ello se traduce en que las aportaciones desde 2005 sólo han generado una rentabilidad del 0,65% frente a la subida del IPC del 10% en este periodo.
Dependiendo de la escala profesional, la cuantía media tiene un tope de 10.000 euros, a excepción de los trabajadores mayores de 50 años con una participación máxima de 12.500 euros.
Si a fecha de hoy un funcionario de 65 años procediese a liquidar por jubilación su cartera tras tres años de participación, descubriría que su depósito ni siquiera le ha reportado 600 euros.
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